La Corte no refiere ningún elemento probatorio del que pueda desprenderse que el procesado sabía efectivamente que se estaba adelantando un proceso precontractual y suscribiendo un contrato estatal en ausencia de los requisitos legales esenciales.
El problema no radica tanto en la existencia de una buena o mala voluntad de los magistrados, sino en el diseño del mecanismo para seleccionar al fiscal general.
La próxima Fiscal General de la Nación se encontrará con significativos desafíos en su administración. No obstante, proponemos tres ajustes simples que, inicialmente, podrían contribuir a mejorar los desfavorables índices de éxito en juicios de la Fiscalía.
La Corte Suprema de Justicia modificó su jurisprudencia sobre la tasación de concursos de conductas punibles planteando que la suma aritmética de cada uno de los tipos penales en concurso no vulnera los principios rectores y, a su juicio, plantea una nueva hermenéutica ajustada a la discrecionalidad del fallador.
Recientes informes indican que varios de estos incendios podrían ser el resultado de actos intencionados o negligentes
A Rubiales le podría caer una pena de 2 a 8 años de prisión más que si le hubiera cortado un dedo del pie a Jenni Hermoso.
Frente a la corrupción medioambiental, medidas como el compliance resultan útiles para fortalecer las acciones orientadas a la salvaguarda de la naturaleza y de los recursos naturales de la Amazonia.
El derecho debe reaccionar a distintos grados de conflictividad, que van desde las situaciones de convivencia en el seno de una comunidad, hasta las situaciones de violación de derechos como la vida o la libertad que adquieren necesaria trascendencia penal.
Según la Corte Constitucional, las diferentes instancias administrativas y jurisdiccionales que tomaron decisiones en los distintos procesos, incluyendo a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, omitieron aplicar el enfoque de género.
Descartar de plano la posibilidad de que se esté cometiendo un crimen de genocidio en contra de la población palestina debilita el deber de prevención del genocidio que tienen los Estados.