La estructura del proceso penal debería evitar una deleznable práctica: que el juez del juicio conozca evidencia ilícita que habría podido ser excluida por el juez de garantías, pues aun cuando decidiera excluirla, se habrá formado un criterio sobre la responsabilidad penal del procesado.
El Tribunal para la Paz debería haber proferido una decisión en la que ratificara la que era objeto de revisión, explicando las razones por las cuales la culpabilidad del accionante debería mantenerse.
Algunos afirman ¡Eso es lo que le falta a Colombia! Un autoritarismo que acabe con toda la delincuencia, de la mano de un derecho penal de graves penas y de ausencia de derechos para los procesados. Pero, se habrán preguntado frente a esa doctrina, ¿la tasa o el índice de personas inocentes detenidas o condenadas?
Todos nuestros esfuerzos deben orientarse en la actualidad a la formulación e implementación de una política pública integral en materia de aborto
Para evitar una decisión apresurada en el Congreso se deben considerar las particularidades del concierto para delinquir y la propuesta gubernamental sobre sometimiento a la justicia.
Los jueces de garantías se distancian de las normas del bloque si declaran ausente a una persona no contumaz y permiten que en su contra se adelante un proceso penal.
El gobierno no debe dejar de hacer inversiones económicas en las cárceles, porque solo mejorando la situación en que viven buena parte de nuestros presos se puede superar el estado de cosas inconstitucional vigente.
El proceso penal requiere de mayor especialización y modernización para tramitar casos voluminosos con multiplicidad de víctimas o de acusados.
Pocos institutos procesales han sido objeto de un desarrollo jurisprudencial tan errático como la figura de los preacuerdos y negociaciones. En efecto, no es exagerado decir que todas las tesis posibles acerca del contenido y alcance de las declaraciones negociadas de culpabilidad han sido acogidas, en algún momento, […]
El núcleo del proyecto de humanización de la política criminal y penitenciaria presentado por el ministro de justicia apunta en la dirección correcta, porque busca desarrollar en la práctica postulados teóricos que en Colombia se vienen repitiendo y dando por aceptados desde hace mucho tiempo, como el carácter de […]