Si nos atenemos al tenor literal del proyecto, difícilmente puede compartirse la opinión del Fiscal. Lo único que la iniciativa legislativa propone es ampliar los supuestos de concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
El proyecto crea una política criminal anclada en una decisión histórica y constitucional de respeto por la libertad y la dignidad.
La estructura del proceso penal debería evitar una deleznable práctica: que el juez del juicio conozca evidencia ilícita que habría podido ser excluida por el juez de garantías, pues aun cuando decidiera excluirla, se habrá formado un criterio sobre la responsabilidad penal del procesado.
El Tribunal para la Paz debería haber proferido una decisión en la que ratificara la que era objeto de revisión, explicando las razones por las cuales la culpabilidad del accionante debería mantenerse.
Algunos afirman ¡Eso es lo que le falta a Colombia! Un autoritarismo que acabe con toda la delincuencia, de la mano de un derecho penal de graves penas y de ausencia de derechos para los procesados. Pero, se habrán preguntado frente a esa doctrina, ¿la tasa o el índice de personas inocentes detenidas o condenadas?
Todos nuestros esfuerzos deben orientarse en la actualidad a la formulación e implementación de una política pública integral en materia de aborto
Para evitar una decisión apresurada en el Congreso se deben considerar las particularidades del concierto para delinquir y la propuesta gubernamental sobre sometimiento a la justicia.
Los jueces de garantías se distancian de las normas del bloque si declaran ausente a una persona no contumaz y permiten que en su contra se adelante un proceso penal.
El gobierno no debe dejar de hacer inversiones económicas en las cárceles, porque solo mejorando la situación en que viven buena parte de nuestros presos se puede superar el estado de cosas inconstitucional vigente.
El proceso penal requiere de mayor especialización y modernización para tramitar casos voluminosos con multiplicidad de víctimas o de acusados.