El derecho penal como arma política

Trump, Lula y Nicolás Petro, ¿Ejemplos de utilización del derecho penal para obtener ventajas políticas?

Después de acudir a su tercera imputación por la posible comisión de delitos en la fase final de su presidencia y en plena campaña de reelección, Donald Trump señaló que las acciones judiciales en su contra solo buscan desequilibrar la contienda electoral y forzar su retiro de ella, ante la imposibilidad de vencerlo en las urnas. Pese a la gravedad de los cargos, no solo sigue liderando las encuestas de su partido, sino que aparece como un sólido candidato para suceder a Biden. Estos resultados parecen indicar que una parte de los estadounidenses considera que esas inculpaciones no tienen fundamento jurídico, sino que han sido construidas con la única finalidad de manipular al electorado para que Trump no pueda volver a la Casa Blanca.

Después de abandonar la presidencia de Brasil con un elevado margen de favorabilidad, Lula Da Silva fue acusado y condenado por delitos de corrupción; una revisión posterior de su proceso llevó a la anulación de la sentencia y le permitió gobernar nuevamente en su país. Sin embargo, la opinión pública sigue muy dividida en torno a la actuación de la justicia en ese caso, pues mientras unos creen que se comportó con estricto apego a la ley, otros siguen pensando que todo fue parte de una jugada política orquestada para impedir que Lula recuperara el poder.

La reciente captura de Nicolás Petro y su exesposa dio lugar a un amplio debate sobre si esa decisión estaba respaldada por evidencias sólidas que la hacían procedente o si, por el contrario, se había tratado de una calculada maniobra de la Fiscalía encaminada a afectar políticamente el gobierno del presidente Gustavo Petro. Incluso después de que un juez de control de garantías avaló esas privaciones de la libertad y los aprehendidos manifestaron su intención de colaborar en el esclarecimiento de los hechos, continúa la polémica sobre si esta investigación responde a criterios estrictamente judiciales o ha sido orientada con el propósito de deslegitimar al jefe de gobierno y fortalecer a los partidos de oposición. Esta controversia tiene como ingrediente adicional el antecedente de una inhabilitación que el procurador Ordoñez le impuso al alcalde Gustavo Petro, que muchos vieron como un indebido empleo del control disciplinario para alejar al sancionado de la actividad política; el hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya censurado esa medida ha sido visto por sus partidarios como la prueba de que se trató de una decisión más política que jurídica.

Estos son solo tres ejemplos muy conocidos de lo que en inglés se denomina Lawfare y en castellano suele ser traducido como guerra jurídica; independientemente de si se aplicó o no en los ejemplos acabados de mencionar, lo que resulta indiscutible es que la figura existe. La expresión surgió en el ámbito militar para referirse a la expedición de leyes y decisiones judiciales con las que se limitaba el uso de la fuerza en los conflictos nacionales e internacionales lo que, a juicio de algunos, no era sino una forma de alterar la composición de las fuerzas enfrentadas al impedirle a uno de los bandos la utilización de ciertos tipos de armas o el desarrollo de determinadas operaciones; por eso se lo consideró como una variante de la denominada guerra no convencional.

Esa primera comprensión del Lawfare llevó a que los países que se sintieron afectados con ella encaminaran sus esfuerzos a reforzar o construir aparatos legales lo suficientemente sólidos como para permitirles recobrar la ventaja perdida ante sus ocasionales enemigos. A partir de esa idea se creó Guantánamo y otras prisiones fuera de territorio norteamericano, y se comenzó a distinguir entre las torturas -claramente prohibidas- y los denominados interrogatorios intensivos cuya ejecución se considera ajustada a la ley. Actualmente el término está asociado a lo que algunos denominan la judicialización de la política, otros califican como la politización de la justicia y otros más como el activismo judicial. Se trata de un tema que tiene enorme trascendencia desde el punto de vista práctico, porque una de sus características principales es su apariencia de legitimidad, lo cual justifica que haya sido incluido como uno de los ejes de discusión en las próximas Jornadas de Derecho Penal del Externado.