Por: Valentina del Sol Salazar Rivera, Docente Investigadora
El gobierno está en mora de cumplir con la sentencia CAJAR v. Colombia de la Corte IDH que exige fortalecer los controles de las actividades de inteligencia en el país
Por: Catalina Riveros Manrique, candidata a LL.M. en Penn Carey Law University of Pennsylvania. Asistente de investigación de Woman, Law and Leadership, Prof. Rangita de Silva de Alwis
Es sencillamente injusto juzgar a una mujer bajo el estándar de cómo hubiera reaccionado un hombre en la misma situación
Por: Luis Páez, Docente Investigador
El éxito de una defensa nada debería importar para asegurar si el derecho de ser asistido por un abogado fue violado
Por: María Camila Correa Flórez, profesora principal de carrera y coordinadora del área de Derecho Penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario
La Sala Penal hace uso de los métodos jurídicos feministas, para resolver un caso de violencia contra la mujer
Por: Luis Páez, Docente Investigador
¿Se le viola el derecho de defensa a quien es asistido por un defensor público?
Por: María Camila Junco, monitora
La Corte Suprema de Justicia modificó su jurisprudencia sobre la tasación de concursos de conductas punibles planteando que la suma aritmética de cada uno de los tipos penales en concurso no vulnera los principios rectores y, a su juicio, plantea una nueva hermenéutica ajustada a la discrecionalidad del fallador.
Por: Marcela Abadía, docente investigadora
Según la Corte Constitucional, las diferentes instancias administrativas y jurisdiccionales que tomaron decisiones en los distintos procesos, incluyendo a la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, omitieron aplicar el enfoque de género.
Por: Laura V. Salamanca, monitora
En lugar de limitarse a investigar casos de Violencia Basada en Género, la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP consideró la violencia reproductiva como una forma de violencia autónoma y diferente en la apertura del macrocaso 11.
Por: Camilo Machado, docente investigador
La regulación legal de las especialidades y sub especialidades sería la única forma en que un tipo penal de intrusismo podría funcionar de lege ferenda, pero podemos adecuar dichos comportamientos en el delito de falsedad personal del Art. 296 del CP.
Por: José Jaime Restom, docente investigador
Seguir cargando al ciudadano con la obligación de probar en procesos penales equivale a presumir, no su inocencia, sino su responsabilidad