Cuando el Estado no cumple con la parte que le corresponde como elemento cohesionador de la vida en comunidad, ¿qué tan legítimo es el reproche que le dirige a quienes se ven empujados hacia el delito para buscar la satisfacción de unas necesidades básicas que ese Estado les debería proporcionar?
La virtualidad sí, pero no con sacrificio de la justicia y, menos, con vulneración de los derechos y garantías de los ciudadanos.
Los jefes paramilitares no encajan en ninguna de las categorías de competencia de la JEP. Se está buscando admitirlos con base en argumentos que resultan contrarios a las normas que regulan el funcionamiento de esa jurisdicción.
Frente a los elementos de la Justicia Transicional, la posible entrada de Mancuso ante la JEP, puede generar 3 salidas diferentes.
Pese a los riesgos, la inteligencia artificial puede ser poderosa como asistente de escritura, no como directora. No debemos considerarla una solución mágica o un reemplazo de los abogados.
El anuncio de la Corte Constitucional apunta en la dirección correcta, al ponderar las ventajas formales de la virtualidad frente a la necesidad de garantizar principios estructurales del proceso penal como el de la inmediación de la prueba.
Desde el punto de vista práctico, la situación es compleja. La figura del Fiscal General tiene problemas de independencia -sin importar quién sea el titular del cargo-, los cuales se originan en su forma de elección.
El Tribunal para la Paz debería haber proferido una decisión en la que ratificara la que era objeto de revisión, explicando las razones por las cuales la culpabilidad del accionante debería mantenerse.
Algunos afirman ¡Eso es lo que le falta a Colombia! Un autoritarismo que acabe con toda la delincuencia, de la mano de un derecho penal de graves penas y de ausencia de derechos para los procesados. Pero, se habrán preguntado frente a esa doctrina, ¿la tasa o el índice de personas inocentes detenidas o condenadas?
Todos nuestros esfuerzos deben orientarse en la actualidad a la formulación e implementación de una política pública integral en materia de aborto