Una obligación de replegarse ante la violencia

¿Es moralmente justificable que una persona, ante una amenaza inminente, responda con fuerza letal cuando tiene una opción de escape segura?

En el derecho anglosajón tradicional, la figura de la legítima defensa ha estado históricamente condicionada por la existencia de un deber de retirada o duty to retreat. Este principio impone al agredido la obligación de evitar el uso de la fuerza, en particular la fuerza letal, si esa persona podía retirarse o huir del enfrentamiento de forma segura. Solo cuando esa opción no existía, se consideraba legítimo responder con violencia.[1]

Sin embargo, este deber fue perdiendo vigor en los Estados Unidos por considerársele incompatible con ciertos valores socioculturales profundamente arraigados tales como la libertad y autosuficiencia individual. Un reflejo representativo de esto se remonta a una decisión de la Corte Suprema de Ohio, que en el año 1876 sostuvo: “La ley no autoriza quitar la vida para repeler una simple intromisión… pero un hombre cabal, que no ha incurrido en falta alguna, no está obligado a escapar de quien lo agrede”[2].

Con el paso del tiempo, esta óptica culminó en la formulación de lo que hoy se conoce como «Stand-Your-Ground Laws» (leyes de defensa sin obligación de replegarse), vigentes actualmente en aproximadamente 30 estados americanos. Estas leyes consagran un derecho a defenderse con fuerza, incluso fuerza letal, aun en espacios públicos y aunque exista una vía de escape segura y razonable. Es decir, un individuo no está obligado a retirarse antes de defenderse.

Florida ha sido uno de los estados donde estas leyes han encontrado mayor aceptación y acogida institucional. Un ejemplo claro de ello es que si un acusado alega haber actuado en legítima defensa, la Fiscalía no puede avanzar con el juicio sin antes superar una audiencia preliminar en la que debe demostrar, por prueba clara y convincente[3], que no se trató de un caso de legítima defensa. Es decir, se otorga al acusado una especie de inmunidad procesal anticipada.[4]

El debate sobre la deseabilidad y eficacia de estas leyes es amplio y complejo. Sus defensores sostienen que empoderan a las víctimas potenciales, disuaden a los agresores y refuerzan el mensaje social de que la agresión injusta no será tolerada.[5] Además, invocan estudios empíricos que sugieren que estas normas no generan un aumento desproporcionado en la muerte de personas pertenecientes a minorías históricamente discriminadas, como la comunidad afroamericana. [6]

No obstante, sus críticos también cuentan con evidencia empírica que favorece derogar estas leyes. En el caso de Florida, por ejemplo, estudios han mostrado cómo tras la implementación de estas leyes, los homicidios con armas de fuego aumentaron en un 32% de incidencia, y el total de homicidios se incrementó en un 24%.[7] Estas cifras han alimentado argumentos según los cuales este tipo de legislación podría fomentar una cultura de violencia, aumentar el uso innecesario de la fuerza y debilitar los incentivos sociales para resolver los conflictos de forma pacífica.

En Colombia, a mi juicio, el ordenamiento jurídico tiende a poner el énfasis en verificar la inmediatez o inminencia de la agresión, o la proporcionalidad entre esta y la respuesta defensiva, más que en la existencia de un deber inicial de retirarse.[8] No obstante, resulta pertinente—desde una perspectiva de análisis comparado y reflexión crítica—interrogarse por la conveniencia o no de exigir un repliegue previo al uso de la fuerza. Explorar esta pregunta permite identificar qué enfoque se alinea mejor con los valores sociales, culturales y jurídicos de cada sociedad, así como con su concepción del uso legítimo de la violencia en contextos de amenaza.

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[1] Con algunas excepciones como la Doctrina del Castillo, donde si la víctima se encontraba en su hogar, el common law denominaba a ese sitio su “castillo” y ningún deber de retirada se consideraba para considerar procedente una legítima defensa.  

[2] Erwin v. State, 29 Ohio St. 186, 199 (1876).

[3] Un estándar probatorio considerado como un punto medio entre la preponderancia de la evidencia y la prueba más allá de toda duda razonable.

[4] Ley del Estado de Florida § 776.032(4) de 2021.

[5] Liptak, A. (2006, August 7). 15 States Expand Right to Shoot in Self-Defense. The New York Times. https://www.nytimes.com/2006/08/07/us/15-states-expand-right-to-shoot-in-selfdefense.html

[6] U.S. Commission on Civil Rights, Race Effects of Stand Your Ground Laws 16 (2020) (Statement of Commissioner Michael Yaki), https://www.usccr.gov/pubs/2020/04-06-Stand-Your-Ground.pdf

[7] Rosanna Smart et al., The Science of Gun Policy: A Critical Synthesis of Research Evidence on the Effects of Gun Policies in the United States xxiv, 241-245 (2d ed. 2020), https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2088-1.html.

[8] Con la excepción, quizás, de aquellos casos donde se pretende evitar la venganza, pero ello puede analizarse dentro de la inmediatez/inminencia y la proporcionalidad de la respuesta defensiva.

[9] Para plantear este debate sobre el deber de replegarse ante la violencia, me inspiré en las discusiones presentadas en el libro Criminal Law and Its Processes (11.ª ed.) de Kadish, Schulhofer y Barkow (2017).