Una ley que coincide con la cátedra universitaria – A propósito del proyecto de humanización –

El proyecto crea una política criminal anclada en una decisión histórica y constitucional de respeto por la libertad y la dignidad.

En un momento en el que la situación de seguridad ciudadana y lo que la rodea es crítica, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia y del Derecho, ha presentado un proyecto de ley que apunta a la humanización de la política pública criminal que nutre el derecho penal en nuestro país.

El ciudadano común, destinatario de todas las leyes, en especial las penales, puede no entender a primera vista la propuesta de trato digno. Creen que frente a quienes afectan a diario la estabilidad de la vida en comunidad, lo recomendable es más bien, una respuesta fuerte y restrictiva. No son extrañas las manifestaciones exigiendo mano dura y añorando cifras alcanzadas en otros países, sin detenerse en el costo personal e histórico. ‘En cambio nosotros premiamos a los que deberíamos encarcelar’, se dice.

No me cabe duda del respeto que merece cualquier opinión, ojalá sustentada. No me cabe duda que, cualquier persona puede estar de acuerdo o no con el proyecto o parte de él. Pero la crítica debe hacerse, en este, como en cualquier asunto que incida en los derechos y libertades de todos, con suficiente sustento y en un escenario que supere las simples empatías políticas o morales.

Tampoco me cabe duda de que, el sentido de la propuesta coincide con lo que se viene enseñando en las facultades de derecho en la primera parte del primer curso de derecho penal, es decir, con el deber ser del derecho penal básico y su fundamento.

En efecto, el proyecto de ley está inspirado en una política pública criminal anclada en una decisión histórica y constitucional -no en el capricho o en la opinión- que exige respetar la libertad, la dignidad humana, la igualdad, la solidaridad, entre otros principios. Una política que además imponen un derecho penal mínimo, accesorio, subsidiario y fragmentario, que por ser el último recurso de intervención estatal en aras de control social y convivencia pacífica, tiene como consecuencia una pena excepcional, que a su vez sea justa y privilegie la prevención especial como finalidad buscada en la ejecución de la sanción.

Basta revisar la tabla de contenido de cualquier manual de esta materia para percibir la coincidencia entre el deber ser del derecho penal liberal y el proyecto de ley. Proponer más libertad, más prevención y menos castigo, restricción de derechos y represión; exigir acompañamiento en el tránsito de la privación de la libertad y el regreso a ella; fomentar la justicia restaurativa y la reconciliación, son algunas de las ideas que pretende materializar el proyecto. De esta manera se busca incluir en la ley lo que hace décadas se propone en los salones de clase. Oponerse a ello es oponerse al programa de derecho penal democrático.

Lo anterior se observa en la exposición de motivos del proyecto, sobre todo en sus primeras páginas, que como ya lo he sostenido en otros escenarios, debería ser un texto de lectura obligatoria para cualquiera que estudie derecho; que quiera entender el sentido de la política criminal que por decisión constitucional gobierna el sistema penal en Colombia; o para aquel que quiera opinar apoyado en argumentos y no solo en ideologías populares.

Cómo se nota en dichas páginas el proyecto fue hecho con la mano de quienes han estudiado estos asuntos, de quienes ponen la política al servicio del derecho penal y no al contrario, de quienes entienden que la inocuización humana siempre es temporal, mientras que la resocialización apunta a la permanencia, que el encarcelamiento es la neutralización momentánea de uno y la prevención es el bienestar futuro de todos.

Bienvenido el proyecto, bienvenida su discusión, bienvenida su exposición de motivos.