Ratificar, Implementar y Armonizar: Las Acciones Pendientes en la Lucha Global contra la Cibercriminalidad

Sin ratificación, sin implementación y sin reglas claras de cooperación, la lucha global contra la cibercriminalidad sigue siendo más promesa que realidad.

Acabo de terminar en Estrasburgo la plenaria del T-CY, que reúne a los Estados parte del Convenio de Budapest, con la finalidad de evaluar las problemáticas y nuevas estrategias en torno a la cibercriminalidad. Este año, más de 70 países discutieron temas como el impacto del ciberdelito en la democracia o el uso de la inteligencia artificial en el crimen global.

Sin embargo, entre cafés y colaciones, muchos coincidíamos —aunque en voz baja— en un problema cada vez más preocupante: el sistema global de lucha contra la cibercriminalidad valora la cooperación, pero se resiste a abrazarla. Aunque, como instrumento, el Convenio de Budapest (CB) y sus protocolos adicionales han sido muy exitosos, en la práctica existen profundos problemas que amenazan su efectividad.

Por un lado, hay países firmantes que aún no han podido avanzar en la ratificación de estos instrumentos. En lo concerniente al Segundo Protocolo Adicional (PAII), que se supone facilitará el acceso e intercambio de evidencia digital, de los 47 países firmantes, solo Japón y Serbia lo han ratificado. Esto resulta especialmente preocupante si se considera que el PAII no entrará en vigor hasta alcanzar el umbral mínimo de cinco ratificaciones.

Otro grupo de países ya ha firmado y ratificado el protocolo, pero aún no ha implementado en su legislación interna las medidas procesales y sustantivas del CB. Esto implica que, en la práctica, no pueden cooperar eficazmente, ya que carecen de herramientas legales para ejecutar, a solicitud de otra parte, medidas cruciales como la revelación espontánea de datos o la conservación urgente de datos de tráfico.

Colombia forma parte de ambos grupos. Aunque ratificamos el CB mediante la Ley 1928 de 2018, no se ha encontrado espacio para su implementación en las tres reformas al Código de Procedimiento Penal que han sido aprobadas desde entonces. Asimismo, nuestro país fue un orgulloso firmante del PAII en 2022, pero hasta la fecha no existe en la agenda legislativa una propuesta que se acerque a las medidas que nos comprometimos a regular.

Pero sin duda, el peor escenario es el de la cooperación abierta que plantea la nueva Convención de Naciones Unidas contra la Cibercriminalidad. Impulsada originalmente por la Federación Rusa en 2019, en un contexto diplomático menos accidentado, se concibió como un instrumento actualizado a las problemáticas tecnológicas actuales, y con el objetivo principal de incluir a países que jamás se unirían al Convenio de Budapest por diferencias políticas con Occidente.

Aunque el documento, que estará abierto para firmas a partir de octubre de este año en lo que será conocido como la Convención de Hanoi, hay serias dudas sobre las salvaguardas que los países ofrecerán antes de activar la cooperación. Los países Budapest han sostenido de manera innegociable, que se negarán a cooperar con países que no demuestren garantías judiciales como el debido proceso, la proporcionalidad y necesidad de las medidas de investigación, así como la protección de datos personales. Este punto ha sido mal recibido en países con una concepción menos liberal del ciberespacio.

A este caótico escenario se suman las advertencias de los proveedores de servicios de internet (ISP), quienes, como observadores en el proceso de negociación, han advertido que se negarán a entregar datos de sus clientes si el país solicitante no ofrece suficientes garantías en materia de derechos humanos.

Así las cosas, el futuro de la cooperación depende de complejos procesos internos de ratificación e implementación, que deben balancear garantías, derechos fundamentales y coherencia normativa entre tres instrumentos internacionales, mientras se mantiene una actitud abierta hacia la multiplicidad de sistemas legales.

Sin duda, un reto que nos tendrá al borde del asiento en los próximos años.