Departamento de Derecho Penal y Criminología

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3 de julio de 2024

Jornadas Internacionales de Derecho Penal en Cartagena

Penalistas, constitucionalistas, criminólogos, economistas y políticos debatirán sobre protestas sociales, juicios paralelos y la tensión entre transición energética y protección del medio ambiente

Por: Yesid Reyes Alvarado, director del Departamento de Derecho Penal y Criminología

Después de décadas caracterizadas por trabajos dedicados a profundizar aspectos cada vez más concretos del conocimiento, que tienden a aislar a los investigadores de un contexto científico más amplio, empiezan a verse esfuerzos para corregir ese rumbo. El nuevo pensum de derecho de la Universidad de Los Andes está orientado a preparar a los abogados para entender y resolver los problemas aprovechando los enfoques de distintas especialidades jurídicas, y la Universidad de Ibagué avanza en la relativización de las fronteras entre sus distintas facultades con miras a consolidarse como un gran centro de investigación interdisciplinario, siguiendo en ello el modelo de algunas universidades norteamericanas.

En ese mismo sentido nuestro Departamento de Derecho Penal ha introducido varias novedades en sus Jornadas Internacionales que tendrán lugar del 14 al 16 de agosto de 2024. La primera fue seleccionar temas cuyo adecuado análisis y solución deben enfocarse desde las perspectivas del derecho constitucional y el derecho penal. La segunda consistió en consolidar una alianza con el área de Derecho y Estado de la Universidad de Los Andes, que nos permite abordar esos problemas desde las perspectivas propias de los sistemas de enseñanza que caracterizan a estas dos facultades de derecho.

La tercera tiene que ver con la importancia de la descentralización del conocimiento, que nos ha llevado a realizarlas este año en la Sede Caribe de la Universidad de Los Andes, ubicada en Serena del Mar, a 12 kilómetros del centro histórico de Cartagena. Esto le abre la posibilidad a los estudiantes, abogados litigantes, funcionarios judiciales y servidores públicos que viven y trabajan en la costa norte de Colombia, de asistir presencialmente e interactuar con los ponentes que nos acompañarán.

Las manifestaciones de la llamada primera línea han abierto debates sobre si las conductas desplegadas por sus integrantes fueron más allá del ejercicio del derecho a la protesta, si al amparo de él cometieron delitos y, en caso afirmativo, si ellos son susceptibles de indultos o amnistías. Estas reflexiones han llevado igualmente a preguntarse bajo qué parámetros y con qué intensidad puede el Estado emplear la fuerza para reprimirlas.

Sin duda la versatilidad de los medios de comunicación y las redes sociales han sido determinantes para poner en evidencia y condenar prácticas de discriminación, acoso y violencia basadas en género. A su vez, esa agilidad lleva a plantearse interrogantes respecto de si el empleo de controles sociales informales a través de las redes sociales constituye una alternativa válida frente a la complejidad de los procedimientos judiciales.

Los buenos resultados que se han conseguido mediante el compliance en el ámbito de la criminalidad económica, permiten formular la pregunta de si el uso de esa herramienta podría extenderse a otro tipo de organizaciones en las que el Estado suele tener inconvenientes para supervisar de manera eficiente el correcto manejo de dineros, como ocurre en algunas actividades deportivas y en la financiación de los partidos políticos.

Tras décadas de utilización intensiva de los combustibles fósiles, el cambio climático y el calentamiento global como una de sus más evidentes consecuencias inquietan por igual a políticos y científicos. El acuerdo que existe en torno a la necesidad de transitar hacia el empleo de energías limpias contrasta con el disenso que reina en lo atinente a la forma como debe efectuarse esa transición para garantizar una adecuada protección al medioambiente, en la que cada vez interviene con más fuerza el derecho penal.

Durante las Jornadas, todos estos temas serán objeto de debate en mesas cuyos panelistas no solo son profesores de derecho penal, sino expertos en constitucional, criminólogos, economistas y políticos, para garantizar una comprensión y manejo interdisciplinario de las dificultades que plantean.