¿Es legítima la amnistía para los separatistas catalanes?

No está bien descalificar apresuradamente a quienes se oponen al proyecto de ley de amnistía en España

Después de que el Partido Popular fracasara en su intento de formar gobierno en España, el PSOE ha conseguido hacerlo gracias a una coalición con JUNTS, un partido catalán independentista. El acuerdo al que llegaron incluye un compromiso para resolver el conflicto político desde la negociación, con base en el cual se presentó un proyecto de amnistía que ha generado una enorme polémica tanto a nivel ciudadano como en los ámbitos político y jurídico. La complejidad del tema ha llevado a que sobre él se pronuncien críticamente destacados juristas como Manuel Aragón -ex magistrado del Tribunal Constitucional español y catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid- a quien el Externado de Colombia acaba de hacerle un merecido reconocimiento mediante la concesión de un doctorado Honoris Causa.

En primer lugar la discusión gira en torno a si se trata de una figura compatible con el ordenamiento español, pese a no estar mencionada en la Constitución y a que desde finales del siglo XX desapareció del Código Penal. De otro lado, olvidar la comisión de un crimen (que es a lo que se contrae la amnistía) plantea un conflicto con el principio de igualdad: ¿por qué esa amnesia es selectiva y no se extiende a todos los que han infringido la ley penal?

La respuesta tiene que ver con la necesidad de tratar de manera distinta los delitos políticos y los ordinarios; cuando las diferencias sobre la estructura política, social o económica del Estado se traducen en actos de rebelión o sedición y en desórdenes públicos que alcanzan cotas capaces de poner en peligro la paz social y la solidez del Estado de Derecho, las amnistías son admisibles como parte de un proceso de transición. Su legitimidad depende de que los beneficiarios acepten su responsabilidad, asuman la obligación de reparar los perjuicios causados con su conducta y se comprometan a no repetir esa clase de comportamientos. Ninguna de estas condiciones aparece en la propuesta de ley de amnistía que se conoce, dejando la sensación de que los beneficiados ni siquiera admiten la ilicitud de sus actuaciones. La propuesta de crear unas comisiones de investigación sobre posibles actos de lawfare (uso del derecho con fines políticos), no solo refuerza esa percepción, sino que abre la posibilidad de que se cuestione la legitimidad de las actuaciones judiciales desde otras ramas del poder público, atentando así contra la independencia de los jueces.

Aun cuando las amnistías están pensadas fundamentalmente para el delito político, es generalmente admitido que también comprenden los estrechamente vinculados con aquellos, como podrían serlo los peculados por los que se procesa a algunos de los separatistas catalanes; en el texto que se conoce no hay una clara delimitación de este punto, lo que abre la posibilidad de que el delito de terrorismo (por el que también hay abiertas varias investigaciones) pueda ser considerado como conexo con el de sedición y, por consiguiente, sea objeto de amnistía.

Las transiciones ocurridas a finales del siglo pasado en algunos países de América del Sur, en los que personas vinculadas a crímenes ocurridos durante las dictaduras expidieron leyes de punto final que las cobijaban, mostraron la inconveniencia de las autoamnistías. Si bien formalmente la propuesta legislativa no fue presentada por el gobierno español, es claro que su texto fue conciliado entre el PSOE y JUNTS y que los integrantes de este último partido intervendrán en los debates legislativos con miras a votar la ley que beneficiará a sus copartidarios, lo cual deja la sensación de que se trata de una amnistía que sería aprobada en beneficio propio. Las complejidades políticas y jurídicas que rodean este proyecto de ley justifican el amplio debate que sobre el particular se adelanta desde diversos sectores en España, y desaconsejan la apresurada descalificación de quienes con razón cuestionan la legitimidad de esta medida.