El castigo a la pobreza

A veintidós años de la Sentencia T-025, los indicadores de pobreza de la población desplazada exponen retos para el Estado de Cosas Inconstitucional.

En su libro “Judging Poverty and Inequality in Brazil”, la académica Taina García muestra cómo, durante buena parte de la historia de Brasil, la pobreza fue para el derecho un problema que reprimir, mas no que solucionar. Recuerda, por ejemplo, que poco después de la abolición de la esclavitud, el Código Penal de 1890 criminalizó la vagancia y, con ello, “preservó una trampa de pobreza para la población negra recién liberada”[1].

En Colombia, la relación entre pobreza y derecho no ha seguido un curso muy distinto. Natalia Botero ha documentado cómo, entre las décadas de 1820 y 1840 se expidieron las primeras leyes republicanas que castigaban la vagancia -y, con ella, la pobreza-[2], lo que dio origen a una tradición jurídica que se extendería hasta la segunda mitad del siglo XX.

El constitucionalismo contemporáneo intenta el camino inverso. Amparados en la justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y en principios como la progresividad y la indivisibilidad de los derechos humanos, el litigio y el llamado “activismo judicial” buscan vías de solución a los problemas estructurales que perpetúan la pobreza, especialmente en países del sur global.

En Colombia, uno de los mayores ejemplos de esta nueva relación entre derecho y pobreza se encuentra en el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) sobre desplazamiento forzado, declarado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004. Allí, el alto tribunal constató que la vulneración masiva de los derechos de la población desplazada obedecía a fallas estructurales del Estado, cuya superación requería la adopción de políticas públicas específicas por parte del Gobierno y un seguimiento riguroso por parte de la Corte.

Así, la Corte ordenó la adopción de políticas orientadas a superar esta vulneración masiva de derechos en campos como la seguridad, el acceso a la vivienda, la salud y la generación de ingresos, entre otros.

Sin embargo, hoy, veintidós años después de esta declaración, la situación parece no haber cambiado mucho, no solo por el recrudecimiento del conflicto, que ha disparado de nuevo el desplazamiento forzado en el país, sino porque los informes de seguimiento presentados por el Gobierno en los últimos años no muestran avances sustanciales en los indicadores que miden las diversas dimensiones de la pobreza que enfrentan las personas desplazadas.

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[1] Garcia Maia, T. (2026). Judging Poverty and Inequality in Brazil. Oxford University Press.

[2] Botero, N. (2012). El problema de los excluidos. Las leyes contra la vagancia en Colombia durante las décadas de 1820 a 1840.