La necesidad de una respuesta penal adecuada. Parte I.

Los límites de la reciente Ley 2640 de 2026.

Somos partidarios de abrir espacios para la investigación y judicialización de las personas y los grupos que cometen delitos en el territorio nacional y fuera de él. Reconocemos, además, que la mayoría de los grupos que delinquen en Colombia desarrollan múltiples actividades delictivas y actúan a través de las fronteras.

Asimismo, hemos podido verificar la existencia de grupos criminales cuyo único interés es económico. Por ello, compartimos la necesidad de regular y modificar las disposiciones vigentes para abordar formas de delincuencia que no han recibido un tratamiento adecuado.

Sin embargo, toda reforma debe considerar las dificultades que pueden surgir durante su trámite y aplicación, así como su coherencia con los principios cardinales del derecho penal. Desde esta perspectiva, analizamos la reforma que surge con la Ley 2640 de 2026.

La Ley 418 de 1997 establece instrumentos para la búsqueda de la convivencia y la eficacia de la justicia, entre otras disposiciones. En cambio, la Ley 2640 de 2026 se orienta al restablecimiento y mantenimiento del orden público. A su vez, introduce modificaciones al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal que, según nuestro análisis, ni siquiera anuncia en su objeto.

Para comprender el alcance de la Ley 1908 de 2018, es necesario recordar su origen: recoge un modelo de negociación establecido para los procesos de paz y define reglas de debido proceso aplicables a determinados actores. Su artículo 33 delimita expresamente ese ámbito:

Las normas establecidas en este título solamente serán aplicables a los miembros de los Grupos Armados Organizados cuya sujeción a la justicia se produzca con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.

Esta disposición delimita sus destinatarios: miembros de los Grupos Armados Organizados (GAO), considerados individual o colectivamente. Extender sus reglas por analogía puede resultar problemático, especialmente cuando no existe correspondencia entre la definición y la estructura de esos grupos y las de quienes se presentan ante la Fiscalía.

A nuestro juicio, la orientación de la Ley 2640 hacia el orden público vuelve a subordinar el derecho penal a una lógica de seguridad y deja de lado garantías esenciales:

• El principio de tipicidad.
• El principio de legalidad.
• El debido proceso.

El artículo 38 de la Ley 1908 permite apreciar la importancia de esta delimitación:

Delitos que deben ser aceptados. Deberán ser aceptados aquellos delitos que hayan sido cometidos en razón y con ocasión a la pertenencia al grupo armado organizado, en desarrollo del objetivo ilícito perseguido por el grupo o que sirvan para facilitarlo. La aceptación de responsabilidad en estos delitos no implica que no se puedan investigar, juzgar y sancionar otras conductas realizadas por los miembros del grupo armado organizado, que no hayan sido objeto de aceptación y que constituyan hechos distintos.

Lo anteriormente destacado no es baladí, es fundamental en la interpretación de las normas y en el procedimiento a aplicar, incluso influye en el tema de competencia que no ha sido objeto de una prudente reflexión.