¿Puede haber muerte política sin juez penal?

El debate sobre la pérdida de investidura y la CADH

Uno de los debates más importantes sobre los derechos políticos en Colombia fue el caso Gustavo Petro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos[1] (Corte IDH). En dicha oportunidad, ese tribunal dejó lo siguiente claro: conforme al artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), las restricciones a los derechos políticos solo pueden fundarse, entre otras causales, en una condena impuesta por un juez competente en un proceso penal[2].

A partir de esa decisión, el debate colombiano se concentró en la imposibilidad de que autoridades administrativas impusieran sanciones de esa naturaleza sobre los derechos políticos. Vale la pena preguntarse si existen otras figuras del ordenamiento jurídico colombiano que, aun viniendo de una autoridad judicial, también puedan suscitar dudas a la luz del artículo 23 de la CADH.

Una de ellas es la acción de pérdida de investidura[3], que puede culminar con la imposición de una inhabilidad para ejercer cargos públicos de elección popular; la denominada “muerte política” del sancionado. Lo llamativo es que dicha decisión no es adoptada por un juez penal, sino por el Consejo de Estado, circunstancia que conduce a una pregunta: ¿es compatible esta figura con la interpretación que la Corte IDH ha hecho del artículo 23 de la CADH?

La Corte Constitucional ya se pronunció sobre la constitucionalidad de esta figura y concluyó que es compatible con la carta política[4]. En su criterio, las restricciones derivadas de la pérdida de investidura persiguen fines constitucionalmente legítimos, como la protección de la moralidad administrativa y la garantía de que quienes ocupen cargos de elección popular cumplan elevados estándares de probidad, llegando a la consecuencia de la inhabilidad a través de un procedimiento jurisdiccional con plenas garantías de debido proceso.

Pero la discusión no termina. Es cierto que la Corte Constitucional fundamenta su decisión en precedentes de la Corte IDH en los que se reconoce que los Estados cuentan con cierto margen para regular el acceso y ejercicio de cargos públicos fuera del artículo 23.2 de la CADH[5]. Sin embargo, esas menciones se refieren a requisitos y condiciones de carácter formal para el ejercicio de tales derechos.

¿Cuál sería la posición de la Corte IDH frente a nuestra pérdida de investidura, que no se limita a regular el acceso a un cargo, sino que puede culminar con la referida muerte política? Una lectura exegética del artículo 23.2 de la CADH podría conducir a la conclusión de que únicamente una condena proferida por un juez penal permite imponer una restricción de esa naturaleza. En todo caso, la pérdida de investidura goza hoy de respaldo constitucional en Colombia, aunque ello no impide que, en el futuro, este debate pueda ser nuevamente planteado ante la jurisdicción interamericana.

Más que ofrecer una respuesta definitiva, este debate invita a revisar con detenimiento la sentencia C-146 de 2021 y a contrastarla con la jurisprudencia de la Corte IDH. La pregunta sigue siendo tan vigente como relevante: ¿respeta realmente el ordenamiento jurídico colombiano el estándar fijado por el artículo 23 de la CADH cuando restringe los derechos políticos mediante la pérdida de investidura?

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[1] Corte IDH. Caso PETRO URREGO VS. COLOMBIA. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2020.

[2] El contenido del artículo es “La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.”

[3] Regulada en el Art 143 de la Ley 143 de 2011, Ley 1881 de 2018.

[4] Corte Constitucional. C-146 del 20 de mayo de 2021, M.P: Cristina Pardo Schlesinger.

[5] Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, párr. 153-161.