¿Serán reemplazados los jueces por la inteligencia artificial? Parte I

La IA llegó para quedarse, así algunos todavía se resistan.

Tener una posición frente al tema de pruebas penales e inteligencia artificial (IA) parece bien complicado. No solo por su novedad y la complejidad que supone adentrarse en los temas de la inteligencia artificial a nivel técnico, sino por lo difícil que resulta aceptar que este avance tecnológico puede hacer tambalear el derecho como lo conocemos hoy.

Es frecuente la pregunta de si debe implementarse el uso de la IA en el proceso judicial. La Corte Constitucional ya ha dado pasos muy importantes, no solo en la sentencia T-323 de 2024 -donde la Corporación sostuvo que se permite el uso de la IA siempre y cuando no se sustituya la función del juez[1]– sino también con la implementación del sistema PretorIA, que ayuda en la labor de selección de tutelas que llegan al alto tribunal.

La IA llegó para quedarse, al igual que la virtualidad, así algunos todavía se resistan a aceptarlo. Estas tecnologías no van a reemplazar al operador judicial, pero pronto se quedará atrás quien no las sepa utilizar.

Me parece que la pregunta de si se puede utilizar la IA en el proceso penal no se puede responder con un sí o un no rotundo; enfrentar el problema de esa forma sería un craso error. Mi propuesta en este artículo es evaluar cómo podría aportar la IA en cada etapa de la actividad probatoria y analizar los retos que plantea.

Según Jordi Ferrer Beltrán[2], hay tres estadios de la actividad probatoria. A continuación, me ocuparé de analizar el primero de los estadios.

• La conformación del conjunto de elementos de juicio o pruebas.

El universo de pruebas que se utilizan para decidir proviene de la actividad investigativa. Corresponde a la Fiscalía adelantar esa labor. Hay delitos donde no es fácil advertir la utilidad de la IA, pero hay otros donde es indiscutible. Hace años, las fiscalías del mundo entendieron que para investigar fenómenos de criminalidad organizada bien sea de grupos delictivos organizados (GDO) o grupos armados organizados (GAO)[3], es necesario acudir a las asociaciones de casos y situaciones.

Aunque en Colombia se han creado unidades de análisis para hacer esta asociación de casos o situaciones, revisar los cientos de miles de denuncias que se reciben año a año parece imposible. La información que se recibe en un solo caso suele ser insuficiente para encontrar patrones de comportamiento y dar con los responsables. Por ejemplo, la Fiscalía recibe miles de denuncias por hurtos, estafas y delitos informáticos todos los años, pero las tasas de esclarecimiento son bajas. Aquí la IA puede jugar un papel protagónico a través de análisis de Big Data.

Esto ya no hace parte de la ciencia ficción. En la FGN existe la herramienta Watson, un software desarrollado por IBM que analiza la información hallada en bases de datos no estructuradas (dicho de otro modo, información desorganizada) en todas las denuncias del sistema SPOA. Con ello se identifican patrones de comportamiento y se asocian características comunes en diferentes casos: carros, placas, ropa, colores, armas, personas, etc., y logrando asociaciones que pasarían desapercibidas al ojo humano.

El 18 de noviembre de 2021, El Espectador recogió la noticia sobre un caso resuelto gracias al fiscal Watson[4]:

(…) un taxista y su cómplice fueron cobijados con medida de aseguramiento por 22 conductas delictivas similares en Medellín con al menos 36 víctimas. Fueron señalados como presuntos responsables de haber utilizado siete taxis de una misma empresa para realizar diferentes delitos cuya cuantía se calculó en 200 millones de pesos, un patrón casi imposible de determinar, sin la ayuda de esa IA.

Estas herramientas requieren mucho entrenamiento y deben seguirse perfeccionando. Pero los operadores de justicia deben continuar aprendiendo de ellas y utilizarlas de manera más recurrente, pues es evidente que se perfilan como una solución efectiva para la investigación judicial y para ayudar a atender la congestión de la justicia.

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[1] Corte Constitucional, T-323 de 2024 “La Sala de Revisión decidió que el derecho al debido proceso no se había vulnerado por el juez de segunda instancia, por tanto, no se configuró una causal de invalidez de lo actuado, pues el uso de ChatGPT en el caso sometido a estudio no comportó una usurpación de la función de administración de justicia a cargo de la autoridad judicial competente.”

[2] Ferrer Beltrán, Jordi, “La prueba es libertad, pero no tanto: una teoría de la prueba cuasi-benthamiana”

[3] Ley 1908 de 2018.

[4] Por ejemplo, en noviembre de 2018 un taxista y su cómplice fueron cobijados con medida de aseguramiento por 22 conductas delictivas similares en Medellín con al menos 36 víctimas. Fueron señalados como presuntos responsables de haber utilizado siete taxis de una misma empresa para realizar diferentes delitos cuya cuantía se calculó en 200 millones de pesos, un patrón casi imposible de determinar, sin la ayuda de esa IA.