FEMINICIDIOS 271 VS. JUSTICIA 0 ¡UN MARCADOR VERGONZOSO¡

El rol del Estado y de la administración de justicia en los feminicidios es protagónico, sólo que se ha asumido de forma más retórica que real.

Los feminicidios y la violencia contra la mujer son el día a día de nuestra sociedad. Cada caso tiene su propia historia y se enmarca en dinámicas sociales distintas, pero todos comparten algo: la imposibilidad de que los hombres reconozcan a la mujer como una persona libre. La ira y la violencia son desatadas por que la mujer ejerce su derecho a la libertad y decide algo, la que sea, no importa su contenido ni su relevancia: usar un vestido, salir a una fiesta, ir a un restaurante, hacer o recibir una llamada, viajar, en fin, cualquier cosa que por insignificante que parezca para otros, a una mujer sometida a un esclavista del siglo XXI puede costarle la vida. 

Tal vez, como algunos lo han advertido, esto se pueda atribuir a fenómenos culturales y sociales que solo se transforman con educación y con la renovación de las generaciones. No sé si esta sea la única explicación, puede haber otras, pero al final, esas razones permiten entender la génesis del problema y seguramente, a largo plazo, cuando exista ese relevo generacional, los feminicidios sean una rareza. Pero, mientras ese momento llega ¿Qué hacer? ¿Qué responsabilidades tienen los Estados y, especialmente, la administración de justicia frente a la protección de las mujeres? 

El rol del Estado y de la administración de justicia en los feminicidios es protagónico, sólo que se ha asumido de forma más retórica que real. Nuestros gobernantes se han convertido en expertos en suscribir tratados (que incumplen); expedir leyes, decretos y resoluciones (que no solucionan de fondo); dar discursos dignos de ser aclamados; y mil cosas más que, en su mayoría, no tienen ningún efecto real en la protección de los derechos de las mujeres. 

La administración de justicia, por su parte, llega tarde, en los feminicidios es un mecanismo de sanción, no de prevención, y en los eventos en que puede proteger, v.gr., en violencias intrafamiliares o tentativas de feminicidio, con medidas cautelares y de protección, siempre destaca la incapacidad de desplegar acciones concretas y oportunas. Las sentencias de las altas cortes tienen un efecto importante, casi siempre, se obtienen decisiones justas y en pro de los derechos de las mujeres, pero son pocos los procesos que llegan a estas instancias. El caos y la injusticia se desatan en los niveles inferiores y poco visibles de la administración de justicia (fiscalías, casas de justicia, comisarias de familia, etc.), en los que reina el machismo y el desinterés frente a la mujer.

Las autoridades administrativas, de policía y judiciales deben actuar coordinados, pero, sobre todo, les debe importar; no podemos seguir asignando esta importante labor a personas insensibles y apáticas a las realidades de muchas mujeres que, en un acto infinito de valentía (esto les puede costar la vida), acuden a las autoridades para que las ayuden. Varios de los casos que terminan en feminicidios, así lo registran los medios, han pasado previamente por estas instancias que por falta de interés o de apoyo o de presupuesto o de todas las anteriores, se limitan a recibir una denuncia, a hacer un requerimiento, un trámite más, pero, a decir verdad, no difiere en nada de cualquier otro: cumplir una formalidad propia de su trabajo. 

Mientras el marcador de la justicia siga en 0, porque éste es el único valor asignable a un año en el que vamos en 271 feminicidios (evitables) en 5 meses, los derechos de las mujeres seguirán en 0. Necesitamos grandes cambios en la justicia, uno de ellos y el de mayor urgencia, es que exista una administración de justicia comprometida, desde la base y no sólo desde la cúspide, con los derechos de las mujeres. Entiéndase por justicia, por supuesto, la penal, la civil, la administrativa, la de familia, la constitucional, la JEP, todas. Las grandes transformaciones no dependen de leyes sino de personas, de funcionarios que tengan los medios, conocimientos y compromiso con los derechos y necesidades de quienes los necesitan, en este caso, las mujeres.