COLOMBIA LA ROMPIÓ

Rompió el consenso de Viena y abre camino para una mejor lucha contra las drogas a nivel global.

Tuve la posibilidad de participar en varias de las sesiones de la Convención de Viena de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Una de las cosas que más llamó mi atención fue el mismo slogan que suele ponerse en todos los afiches del evento y que reza “por un mundo libre de drogas”. No puedo negar mi sorpresa cuando advertí que la idea inicial y, por demás, utópica e irrealista de una política solo prohibicionista de la lucha contra las drogas seguía y sigue siendo el motor de todas las sesiones deliberativas y que Colombia, por ser uno de los países con mayor producción de cocaína en el mundo, pasaba al banquillo con algún protagonismo para dar explicaciones de erradicación, incautaciones y demás medidas de represión frente al fenómeno; poco o nada se preguntaba sobre muertes, sobre la situación de campesinos en nuestro país y menos sobre adicciones y demás problemas sociales que siempre están alrededor de la producción y el consumo de sustancias prohibidas. Me pareció un sistema de lucha contra las drogas muy estático y poco deliberativo teniendo en cuenta las nuevas realidades del fenómeno.

Por ello, celebro enormemente el logro que tuvo la delegación de Colombia durante el 67 periodo de Sesiones de la Comisión sobre Drogas de las Naciones Unidas, celebrado en marzo de este año, donde se lideró la adopción de una resolución contentiva de un cambio trascendental en la perspectiva de la lucha; me refiero a la integración de la perspectiva de derechos humanos en cualquier estrategia antidrogas a nivel internacional y el reconocimiento de la disminución de daños como política válida. Esto que parece algo sensato y que en Colombia desde hace algún tiempo la academia y el mismo Estado habían venido reclamando, se logró imponer en medio del escepticismo de muchos países como Rusia y China que apuestan por una visión tradicional represiva y, como dije, prohibicionista. Es decir, hasta estas sesiones no existía diplomáticamente muchas posibilidades de cambiar algo en esas resoluciones de la Convención, pero esta vez se dio un avance importante a nivel internacional: cambiar objetivos y enfoques, de manera que el discurso también cambiará a nivel global, o, por lo menos, es la esperanza de avanzar en esa dirección.

Por ello, considero muy pertinente y correcta la nueva política de drogas expuesta por este gobierno a través del Ministerio del Justicia y del Derecho. Una perspectiva basada en los derechos humanos y de disminución de daños da oxigeno a los territorios, comunidades y personas que tradicionalmente han sufrido las consecuencias de la lucha fallida tradicional; consideraciones especiales, también desde el derecho penal, para los pequeños cultivadores, la implementación de medidas de manejo ambiental y acción climática en zonas tradicionalmente sembradas y el cambio de paradigma frente al adicto y dependiente sin duda son un nuevo enfoque humanista necesario. Hay que implementar nuevas estrategias, sobre todo cuando las de siempre fracasan estruendosamente. 

Todos sabemos que hay que seguir reprimiendo o asfixiando la producción y comercialización de drogas, sobre eso no puede existir duda; lo que pasa es que esa tradicional lucha debe hacerse mejor: se debe impactar las capacidades operativas y económicas de las organizaciones narcotraficantes por medio de operativos nacionales y trasnacionales coordinados con otros países, pues el problema no es solo de Colombia, esa narrativa estigmatizante también debe cambiarse.

El cambio de enfoque de la política en Colombia y el excelente logro diplomático de los últimos días nos ubica en el camino correcto para enfrentar de forma humanista el fenómeno del narcotráfico y todos los demás problemas que tiene aparejados. Ahora el gran desafío es poner en marcha y sacar adelante todos los programas que la nueva política exija desarrollar.