Cárcel, autonomía universitaria y sentido de corrección normativa

¿Para garantizar la autonomía universitaria basta con la existencia de normas que la consagren, o hace falta además un sentido de corrección normativa por parte de sus destinatarios?

En la película “El joven Karl Marx” muestran a Marx escribiendo de noche en su cuarto de la residencia estudiantil universitaria y haciendo mucho alboroto. Marx, sin duda el preso más conspicuo de la cárcel de la Universidad de Bonn, estuvo detenido allí bajo cargos de disturbios nocturnos, tal como muestra la película y sabemos los exalumnos de esa prestigiosa universidad. Hoy es impensable una universidad con cárcel, menos aún con cámara de tortura, como tenía la cárcel de la Universidad de Heidelberg para que el rector “disciplinara” a los estudiantes; pero la razón histórica que explica la existencia de la cárcel universitaria en Alemania, una razón de la entraña del modelo universitario alemán, sigue vigente: la autonomía universitaria. Un aspecto de esa autonomía fue la “judicialidad académica” que cobijaba a las personas vinculadas a la universidad, la cual desapareció con la consolidación del Estado alemán.

Hace poco fue tema de conversación en Colombia la autonomía universitaria a raíz de la elección de rector de la Universidad Nacional. Si entiendo bien (seguí la noticia en prensa escrita), en la Universidad Nacional existen reglas que establecen un procedimiento para elegir rector y existe, también, un órgano de la universidad con la competencia para ejecutar ese procedimiento, siguiendo las reglas preexistentes. Aunque esas reglas indican que delegados del gobierno nacional integran el órgano elector, hay consenso en que su seguimiento es compatible con la autonomía de la universidad. Si la presencia del gobierno debilita la autonomía de la universidad, entonces hace falta un mejor diseño institucional. Pero parece que el problema no fue la presencia de delegados del gobierno, sino la forma como se comportaron para lograr una segunda elección con mayoría asegurada. Y ese comportamiento, a su vez, se explicaría como reacción al comportamiento de los otros miembros del órgano elector, quienes cambiaron la forma usual de votación en la primera elección.

El problema, entonces, no es normativo, sino humano; reglas, más o menos bien diseñadas, que no son seguidas como corresponde por quienes deben seguirlas. Ese diagnóstico debería llevar a una solución normativa; pero si las partes involucradas asumen que las normas que solucionan el problema no van a ser correctamente seguidas, entonces sucede lo que sucedió en esta ocasión: el candidato que inicialmente perdió no acepta el resultado adverso, “estudiantes” destruyen bienes públicos y atacan a la policía, el candidato que inicialmente ganó asume el cargo sin el visto bueno de la ministra de Educación y, finalmente, el candidato que inicialmente perdió acepta el resultado cuando gana. La correlación entre estos eventos no es necesariamente causal; pero sí muestra una visión compartida de desconfianza frente al correcto seguimiento de normas y, en consecuencia, una marcada tendencia al comportamiento estratégico que torna inútiles las normas.

Si la inserción del comportamiento humano en un contexto de expectativas hace posible la libertad, al estructurar condiciones de coordinación de la acción, entonces el valor del derecho reside en su capacidad de reducir la complejidad propia del comportamiento estratégico mediante pautas de comportamiento vinculantes, lo que supone autoridad. Pero si la actitud general de los destinatarios de esas pautas no incorpora un fuerte sentido de corrección normativa no hay razón para esperar un seguimiento y una aplicación adecuada de las normas; mucho menos para hablar de autonomía. Sin ese sentido de corrección normativa, sumado a una dosis importante de autoridad, quizás el Estado alemán no habría podido centralizar el derecho subjetivo de castigar, acotando de paso la autonomía universitaria a otros asuntos, entre los que no caben la destrucción de bienes ni los ataques a personas. En Colombia urge más sentido de corrección normativa y menos estrategia. Con mayor razón en las universidades; después de todo ellas son espacios para imaginarnos mundos posibles mejores.