¿Está bien tratar mal a los presos?

El gobierno no debe dejar de hacer inversiones económicas en las cárceles, porque solo mejorando la situación en que viven buena parte de nuestros presos se puede superar el estado de cosas inconstitucional vigente.

Resulta curioso que el arribo de Aida Merlano a Bogotá haya generado polémica, no tanto por su decisión de regresar al país y someterse a la justicia colombiana, como por haber llegado bien vestida (se comentó mucho que llevara consigo un bolso de marca), y porque la oficial de la policía que la recibió no solo la saludó de mano, sino que, incluso, le sonrió. Algunos periodistas cuestionaron el hecho de que le hayan dejado hacer una rueda de prensa, olvidando quizás que ella solo fue posible gracias al interés que los propios medios de comunicación tenían en preguntarle por sus relaciones electorales y sentimentales con conocidas figuras de la política.

El Fiscal general calificó el recibimiento de la deportada como un “escándalo grotesco”, dijo que ese operativo era una “vergüenza” para la DIJIN y anunció que citaría al director de la policía para pedirle explicaciones. Si no se trata de una invitación social para conversar sobre el tema, resulta por lo menos curioso que el Fiscal general entreviste en su despacho a alguien a quien la entidad a su cargo va a investigar, sobre todo si previamente no abre una indagación preliminar y la asume él personalmente, para que el oficial pueda hacer uso de su derecho de decidir si acude o no a ese interrogatorio y, en caso de que lo desee, si lo hace en compañía de un abogado de confianza en ejercicio de su derecho constitucional a un debido proceso.

La idea de que los condenados o detenidos preventivamente deben estarlo en malas condiciones no es nueva entre nosotros; hay quienes piensan que la prisión no consiste en la privación del derecho fundamental a la libertad de movimiento, sino que ella se debe cumplir en circunstancias desfavorables para que sea una verdadera pena. El entonces presidente Duque, en más de una oportunidad, se refirió a algunos acusados de corrupción como “ratas de alcantarilla”, calificativo que permite evocar la época de la deshumanización del derecho penal contra la que levantaron sus voces algunos pensadores liberales como Beccaria. Siendo vicepresidente, Francisco Santos pidió que un ciudadano israelí acusado de vínculos con el paramilitarismo fuera entregado a las autoridades colombianas para que “se pudriera” en una de nuestras cárceles, afirmación que -paradójicamente- le sirvió a esa persona para conseguir que Israel negara la extradición aduciendo que en Colombia no tendría un trato respetuoso de los derechos humanos.

En un reciente cruce de trinos con el presidente Bukele de El Salvador, Gustavo Petro cuestionó -con razón- las condiciones en que están siendo y permanecerán privados de su libertad quienes en ese país han sido detenidos bajo la acusación de pertenecer a pandillas criminales. En esa misma línea, a través de su ministro de justicia impulsa un proyecto de ley que precisamente ha sido llamado de humanización del sistema penitenciario, y que tiene el loable propósito de contribuir a la racionalización del uso del derecho penal. Sin embargo, el gobierno no debe dejar de hacer inversiones económicas en las cárceles, porque solo mejorando la situación en que viven buena parte de nuestros presos se puede superar el estado de cosas inconstitucional vigente desde finales del siglo pasado; pero, además, porque de esa forma evitará que todas las críticas lanzadas contra el régimen de disciplina imperante en la nueva cárcel centroamericana le sean aplicables a las propias autoridades colombianas por el elevado nivel de hacinamiento en el que permanecen quienes, en un número similar al que alberga la cárcel salvadoreña, ocupan hoy centros de reclusión transitoria como Unidades de Reacción Inmediata y Estaciones de Policía.